¿A cuánto está el kilo de juez?
Uno de los grandes pilares de las democracias modernas y del llamado, a bombo y platillo, en los mítines políticos y en los tratados de filosofía y de otras ramas ‘’Estado de Derecho’’ es la separación de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Dicha separación es básica para que la democracia funcione como tal y no se convierta en una dictadura en la que el Poder Ejecutivo no tenga control alguno.
Sin embargo, no pocos son los casos conocidos (y sabe Dios cuántos otros sin conocer) en los que las actuaciones de los poderes públicos han dejado en entredicho la existencia real de esa separación, más allá de los papeles de nuestras leyes, ante la asombrosa y repugnante indiferencia que causa entre la sociedad española.
Un hecho tan reciente como llamativo a este respecto, fue la condecoración hace pocas semanas del juez Gómez Bermúdez con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (¿será casual el nombre?) por parte del señor presidente del Gobierno de facto y omniministro Rubalcaba, el que fue portavoz del gobierno de los GAL, participante activo en el caso Faisán, entre otras muchas fechorías y dueño y señor de Sitel, entre otras muchas fechorías, puesto que su currículum político podría confundirse con el Código Penal.
Esta medalla no es la primera, sino la tercera que recibe este juez sin escrúpulos que ha hecho oídos sordos a las peticiones de multitud de asociaciones de jueces, de todos los colores, de que renunciara a dicho favor, como la Asociación de Preeminencia del Derecho, que piensa, como pensamos muchos, que dicha concesión puede afectar a la imparcialidad del juez.
La Cruz al Mérito Policial conllevará a Gómez Bermúdez, a parte de un mayor peso en la parte izquierda de su chaqueta, que puede descompensar el peso de ésta, debido a las tres medallas que ahí tiene, un aumento de sueldo vitalicio del 10 % que, por supuesto, pagamos entre todos los contribuyentes en acto o en potencia... ¿Cómo no va a afectar a la imparcialidad?
Según dicta la Ley de Cuerpos de Condecoraciones, este latipremio se puede conceder por el Director de seguridad (en nuestro caso, el ministro del Interior), en el caso de resultar herido en acto de servicio "sin menoscabo del honor, ni por imprudencia o impericia o accidente", "realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado" u "observar una conducta que (...) merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya patente un riesgo o peligro personal".
¿Qué riesgo o peligro personal tuvo este hombre a la hora de dirigir esa maldita sentencia? ¿Que se le hubiera caído un trozo de techo del juzgado en la cabeza? ¿El mismo riesgo que el que tuvo Rubalcaba al orquestar el asalto a las sedes del PP el 13M disfrazado de manifestaciones espontáneas?
Tal vez fuera un Goya a la mejor dirección de obra de teatro por el juicio del 11M lo que mereciera Gómez Bermúdez y que nuestro entrañable Freddy se haya equivocado.
¿No será el silencio del juez lo que quiera comprar Rubalcaba con ese aumento vitalicio del sueldo del juez, que no dejó de ser misteriosamente ascendido desde entonces?
Me parece que esa facultad del Ejecutivo de condecorar a jueces en función a su grado de sumisión no es sino una muestra poco disimulada de hasta dónde llega la parcialidad de los jueces y cómo se tambalean las bases del Estado de Derecho.
Y la principal causa de que las administraciones públicas intervengan en el autónomo e independiente devenir de la justicia es la absoluta pasividad de una buena parte de la población española.
El caso Faisán, en el que el Gobierno utilizó su poder sobre la Policía para chivar a los etarras de que iban a detenerlos como ‘’muestra de su buena voluntad de diálogo’’ o la traición a la nación española de los miembros (y miembras) del Tribunal Constitucional cuando prevaricaron con la sentencia sobre el Estatut, después de meses y meses de presiones dirigidas desde la Generalidad de la Marca Hispánica (Cataluña) y desde otros Poderes Públicos, son otros dos claros ejemplos de que el Estado de Derecho no es más que un sintagma grandilocuente.
Por todo ello ya no es tan cómico preguntar: ¿A cuánto está el kilo de juez? Puesto que parece que hacerse con sus servicios se ha hecho tan cotidiano como comprar tomates en la tiendita de la esquina.
P.D: Querido Rubalcaba… ¿Quién es J.A.G., el que percibió grandes cantidades de dinero de Roca por avisarle de cómo iba el tema del Caso Malaya? ¿No será, ése, tu mano derecha, que estuvo de cacería con Garzón y el cadáver político Bermejo?
Perdona que desconfíe de ti, Freddy, ya sé que no me has dado motivos… (era un chiste).
