España, 32 años después

Han transcurrido 32 años desde que se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Aquella emblemática fecha, ya popularizada como 23 F, supuso todo un desafío para una democracia que, entonces, daba sus primeros pasos hacia su consolidación.

Por aquellos tiempos, los españoles realizaron un gran esfuerzo para superar los fantasmas del pasado y lograr consensos que permitiesen la creación de una España donde todos pudieran convivir. Una España sin vencedores ni vencidos que mirase al futuro en la búsqueda de prosperidad.

Hoy, después de tres décadas, aquel espíritu de consenso no es más que un vago recuerdo pasto de las llamas del rencor y de la división. El primero de los síntomas no es otro que el auge del separatismo catalán, que tiene en jaque al Estado hasta el punto de que, en dicha región, hace ya muchos años que no rigen ni la constitución ni los tribunales.

Por otra parte, un importante sector de la política española ha vivido y vive empeñado en querer dar la vuelta al resultado de la guerra civil tres cuartos de siglo después. La idea de mirar adelante y de superar los traumas que ha vivido nuestra nación durante buena parte de su historia ha sido sustituida por un revanchismo y un espíritu guerracivilista cada vez más presentes en los círculos de la izquierda, tanto a nivel social como político. La ley de Memoria Histórica fue una clara prueba que apunta en esta dirección.

La ilusión que había entonces por construir una España nueva y próspera se ha tornado en una decepción y malestar crecientes entre una ciudadanía asolada por el paro y la corrupción. Han pasado solo 32 años pero, como diría Alfonso Guerra, a esta España no la conoce “ni la madre que la parió”.

Acabar con las autonomías

Las comunidades autónomas fueron inventadas durante los años de la transición para contentar a la casta nacionalista en su afán por distinguirse del resto de los españoles. La vía utilizada para tal propósito pasó a la historia como el ‘café para todos’, un error de consecuencias altamente desgarradoras.

El principal problema que hoy alberga España, el separatismo, hunde sus raíces en este período. El esfuerzo que se realizó durante la transición para poder dar cabida a estos grupos secesionistas ha resultado manifiesta e innegablemente inútil. Donde existe el gen totalitario de un nacionalismo ilegítimo, tanto histórica como políticamente, no existe la saciedad. Y dejar en manos de estos partidos competencias de la talla de la educación lleva de manera irrevocable a una transformación de la sociedad, con el consecuente cuestionamiento del orden constitucional. Las autonomías han sido un experimento que se ha ido de las manos y el poder separatista que de ellas deriva está poniendo en jaque nada menos que la unidad de la nación más antigua de Europa. España lleva 35 años alimentando a un monstruo que ha quedado fuera de cualquier tipo de control.

Por otra parte, la crisis económica, que tiene como principal obstáculo el amplio déficit público, observa en las autonomías una de sus principales causas. Las comunidades autónomas han sido durante tres décadas y media un nido de corrupción y nepotismo, amén de un inequívoco creador de duplicidad de servicios con el despilfarro del erario público por bandera. Una auténtica ruina institucionalizada en nombre de la cercanía al ciudadano y de su bienestar. Hoy, los 6 millones de parados que pueblan las oficinas de empleo invitan a replantear ciertas cosas.

España necesita extirpar el cáncer que tras tantos años ha ido consumiendo sus esencias, la honradez de la política y también el bolsillo de los ciudadanos. España debe modificar la constitución y abolir esta lacra para iniciar un proceso de recentralización que elimine duplicidades, que permita un control mayor del patrimonio público y una mejor eficiencia del gasto y que garantice la vigencia del orden constitucional, único medio para que todos los españoles puedan ser libres e iguales ante la ley y condición imprescindible en una democracia que se precie de ser seria. España necesita una recentralización que ponga punto y final a estos 17 reinos de taifas, manejados por el cacique de turno y con sus consecuentes 17 sistemas educativos, sanitarios o medios de comunicación diferentes, que en algunos puntos actúan como auténticos masajistas cerebrales.

Las ruedas de prensa sin prensa

Las ruedas de prensa son uno de los actos referentes del periodismo. Un verdadero banquillo en el cual personajes públicos de todos los ámbitos de la vida se someten al juicio de los periodistas, que los interrogan en busca de la verdad ante la atenta mirada de los testigos, que no son otros que los ciudadanos de a pie que con curiosidad se asoman a la ventana de los medios para conocer el punto de vista de las celebridades que cada día ven por televisión.

O más bien cabría decir que las ruedas de prensa eran todo eso. En los últimos tiempos ha aflorado una moda difícilmente compatible con un estado democrático donde funcione una prensa libre y transparente. Se trata de las ruedas de prensa sin prensa que, aunque resulte paradójico, existen y son cada vez más habituales. Esta nueva modalidad consiste en ofrecer una especie de conferencia sin admitir preguntas de los periodistas. Mariano Rajoy escogió recientemente esta modalidad para, nada más y nada menos, que ofrecer a España sus primeras valoraciones acerca de los escándalos de las posibles irregularidades financieras que salpican a su partido en los últimos tiempos. Sin embargo, no solo desde Génova esquivan los dardos de los periodistas. Desde Ferraz, Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora en la oposición y antes en el gobierno, también ha utilizado en numerosas ocasiones esta técnica cada vez más extendida incluso fuera de la política. Que le pregunten a José Mourinho.

¿Qué buscan estos personajes con esta praxis? ¿Evitar preguntas incómodas que modifiquen en alguna coma el guión preestablecido por alguno de sus millares de asesores nombrados a dedo? Los medios, como su propio nombre indica, son quizás la única vía de conexión que tiene la ciudadanía con las altas esferas de poder, cada vez más distantes y enigmáticas con los que le pagamos el sueldo. Esta actitud en las ruedas de prensa no solo perjudica a los periodistas, sino a la gente común, a la que se le priva de poder conocer con transparencia las valoraciones de quienes manejan sus vidas.

España necesita a Felipe VI

La monarquía no atraviesa por su mejor momento. Al igual que el resto de instituciones del Estado, la Corona tampoco escapa de las críticas vertidas, tanto por parte de los medios como de una ciudadanía que ha perdido la confianza en la clase dirigente y en los pilares que han sustentado durante 35 años la actual democracia constitucional en la que el rey jugó un importante y decisivo papel. Después de que salieran a la luz sucesivos escándalos como la cacería de Botsuana, los acercamientos del rey con una tal Corina y, sobre todo, el caso Urdangarín, la monarquía ha perdido buena parte de la popularidad que la arropaba.

La torpe actuación de la Casa Real ante lo sucedido al respecto del caso Nóos es lisa y llanamente la punta de un iceberg que insta a los ciudadanos a plantearse si realmente el rey está cumpliendo con su deber de ejemplaridad y de salvaguarda del orden constitucional. Del mismo modo, el rey ha jugado a mirar para otro lado ante problemas de la talla del desafío separatista catalán, de las negociaciones con ETA abiertas durante el mandato de Zapatero o de la politización de la justicia manifestada en el 11M mejor que en ningún otro caso. Una inacción que lleva a muchos españoles a replantearse el cariño cuasi devoto que han brindado a su jefe de Estado durante todas estas décadas.

La Corona necesita reinventarse para sobrevivir a esta crisis que se atreve a cuestionar lo que hasta hace poco era incuestionable y el príncipe Felipe goza de una buena reputación entre los españoles. Al contrario que a muchos de sus familiares, al príncipe no se le conoce ni el más mínimo indicio de mala praxis. El rey pierde popularidad a pasos agigantados, mientras España necesita más que nunca, en esta dura coyuntura, de una monarquía fuerte que vertebre el orden constitucional y mantenga el marco de convivencia que ha posibilitado 35 años de paz y estabilidad. Y para ello es necesaria una regeneración; es necesario que Juan Carlos abdique en Felipe VI.