Acabar con las autonomías

Las comunidades autónomas fueron inventadas durante los años de la transición para contentar a la casta nacionalista en su afán por distinguirse del resto de los españoles. La vía utilizada para tal propósito pasó a la historia como el ‘café para todos’, un error de consecuencias altamente desgarradoras.

El principal problema que hoy alberga España, el separatismo, hunde sus raíces en este período. El esfuerzo que se realizó durante la transición para poder dar cabida a estos grupos secesionistas ha resultado manifiesta e innegablemente inútil. Donde existe el gen totalitario de un nacionalismo ilegítimo, tanto histórica como políticamente, no existe la saciedad. Y dejar en manos de estos partidos competencias de la talla de la educación lleva de manera irrevocable a una transformación de la sociedad, con el consecuente cuestionamiento del orden constitucional. Las autonomías han sido un experimento que se ha ido de las manos y el poder separatista que de ellas deriva está poniendo en jaque nada menos que la unidad de la nación más antigua de Europa. España lleva 35 años alimentando a un monstruo que ha quedado fuera de cualquier tipo de control.

Por otra parte, la crisis económica, que tiene como principal obstáculo el amplio déficit público, observa en las autonomías una de sus principales causas. Las comunidades autónomas han sido durante tres décadas y media un nido de corrupción y nepotismo, amén de un inequívoco creador de duplicidad de servicios con el despilfarro del erario público por bandera. Una auténtica ruina institucionalizada en nombre de la cercanía al ciudadano y de su bienestar. Hoy, los 6 millones de parados que pueblan las oficinas de empleo invitan a replantear ciertas cosas.

España necesita extirpar el cáncer que tras tantos años ha ido consumiendo sus esencias, la honradez de la política y también el bolsillo de los ciudadanos. España debe modificar la constitución y abolir esta lacra para iniciar un proceso de recentralización que elimine duplicidades, que permita un control mayor del patrimonio público y una mejor eficiencia del gasto y que garantice la vigencia del orden constitucional, único medio para que todos los españoles puedan ser libres e iguales ante la ley y condición imprescindible en una democracia que se precie de ser seria. España necesita una recentralización que ponga punto y final a estos 17 reinos de taifas, manejados por el cacique de turno y con sus consecuentes 17 sistemas educativos, sanitarios o medios de comunicación diferentes, que en algunos puntos actúan como auténticos masajistas cerebrales.